Al margen de su declarado propósito de dejar atrás el déficit fiscal, derrotar la inflación y reconstruir la Argentina, Javier Milei tiene un sueño y un desafío inmediatos. Su sueño es llevar adelante sus políticas sin tener que negociar nada con diputados y senadores nacionales a quienes ha identificado con “la casta” y a los que llegó a tildar de “ratas” y “degenerados fiscales”. Su desafío más inminente es poner en orden la economía antes de que se termine de desordenar la política y de que sus erupciones contagien a los mercados.
En ese contexto debe entenderse la decisión anunciada por el gobierno nacional de dictar un decreto de necesidad y urgencia para sellar el programa que se discute con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y que se concretaría en las próximas semanas.
La estrategia del Gobierno es clara. La vía del decreto evitaría el bloqueo del acuerdo con el FMI por parte de la oposición parlamentaria, especialmente en el Senado, donde el kirchnerismo cuenta con una holgada primera minoría. La ley reglamentaria de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), sancionada a instancias del gobierno de Néstor Kirchner en 2006, favorece a cualquier oficialismo, por cuanto limita las chances de que el Congreso voltee un decreto y consagra un régimen hiperpresidencialista. Según esa norma legal, se requiere el rechazo explícito de las dos cámaras del Congreso para que un DNU pierda vigencia.
El camino del decretazo elegido por el Presidente podría estar plagado de nuevos obstáculos
El Poder Ejecutivo busca evitar que la incertidumbre política asuste a los mercados, apostando a esta vía rápida para blindar el acuerdo con el organismo financiero internacional, que le aseguraría fondos frescos al país con los que el Tesoro Nacional cancelaría deudas con el Banco Central y le permitiría reforzar las reservas internacionales, según la información brindada por fuentes oficiales.
El anuncio del decreto y las justificaciones brindadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, constituyeron un mecanismo de defensa del Gobierno para calmar la inquietud de los operadores financieros, que habían comenzado a ejercer presión sobre el mercado cambiario, amenazando las ya de por sí flacas reservas del Banco Central.
Pero el camino del decretazo elegido por el Presidente podría estar plagado de nuevos obstáculos. No faltarán quienes objeten el decreto en la Justicia, a la luz de que no solo la Constitución nacional establece que le corresponde al Congreso “arreglar el pago de la deuda exterior” y “contraer empréstitos con el crédito de la Nación”, sino que, además, está vigente otra norma que condiciona al Poder Ejecutivo. Se trata de la ley 27.612, conocida como “ley Guzmán”, en referencia al primer ministro de Economía durante la presidencia de Alberto Fernández. Según esta norma, también llamada de fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda pública, cualquier programa de financiamiento u operación de crédito público con el FMI, al igual que su ampliación, exigirá una ley del Congreso.
El sueño del Presidente de asegurarse un marco legal sin tener que negociar con nadie encuentra un punto en común con uno de los mandatarios que más admira Milei: su par de El Salvador, Nayib Bukele.
El jefe del Estado salvadoreño arribó al poder allá por 2019, tras vencer en las elecciones a los dos grandes partidos tradicionales que hasta entonces dominaban el escenario político. No obstante, como Milei en la actualidad, Bukele debió lidiar con la necesidad de tener que gobernar con una franca minoría parlamentaria, por lo que no dudó en recurrir a los decretos para suplir esa debilidad de origen. Esta situación provocó no pocos conflictos; el más grave fue el ingreso de tropas del ejército a la sede de la Asamblea Legislativa.
El proceso de acumulación de poder por parte del presidente de El Salvador deleitó desde un principio al propio Milei
Merced a su exitoso aunque controvertido plan de lucha contra la inseguridad, Bukele logró ampliar su apoyo popular y fue así como se impuso en los comicios legislativos de medio término con alrededor del 70% de los votos. Más tarde, en las elecciones presidenciales de febrero de 2024, logró su reelección con nada menos que el 84,6% de los sufragios, un porcentaje que redujo a su mínima expresión a las fuerzas políticas opositoras.
El proceso de acumulación de poder por parte de Bukele deleitó desde un principio al propio Milei y a uno de los integrantes de su triángulo de hierro, Santiago Caputo.
Así como los resultados de su lucha contra el crimen fueron el emblema que le permitió a Bukele alcanzar su actual fortaleza, los estrategas libertarios creen que el exitoso combate contra la inflación será la piedra fundamental para la consolidación del poder de Milei.
El tiempo dirá si la vía elegida del decretazo permite garantizar la duradera calma en los mercados que el Gobierno espera alcanzar, Por lo pronto, Milei podría asegurarse un objetivo de mínima, que es tender un puente financiero al menos hasta las elecciones legislativas de octubre, en las que espera dejar atrás su actual debilidad parlamentaria.
